Aún no se conoce el detalle de 2011, pero las cifras de 2010 lo explican con bastante rotundidad. En ese año, las administraciones públicas españolas recaudaron un 32,9% del PIB. Son 6,7 puntos menos que la media de la UE 27 (39,6%), 10,8 puntos menos que lo que se recauda en Francia o 9,7 puntos menos que en Italia, siempre en proporción sobre el PIB. Con un sistema fiscal europeo, las cuentas públicas españolas serían perfectamente sostenibles. De toda la UE, solo en Irlanda (con su agresiva política fiscal para empresas) y en algunos países de Europa del Este –Polonia, Rumanía, Letonia, Bulgaria y Lituania– se pagan menos impuestos que en España.
El gasto público español tampoco es desmesurado. Al contrario, está cinco puntos por debajo de la media europea: el 45,6% del PIB frente al 50,6% de la UE. La distancia ahora es incluso menor de lo habitual por el aumento en el número de parados provocado por la crisis económica. Hasta el inicio de la crisis, entre 2001 y 2007, el gasto público español rondaba el 38%. Al igual que con los ingresos, el tamaño de nuestro sector público nos aproxima a “potencias” como Letonia o Rumanía. Nuestro gasto social –lo que invertimos en pensiones, en educación o en sanidad– también está por debajo de la media europea.
El problema de nuestros impuestos no está en las nóminas: España recauda poco, pero al mismo tiempo está entre los países donde más pagan los asalariados (a pesar de que los sueldos sean también inferiores a la media). El principal agujero de nuestras cuentas públicas no se encuentra en el IRPF: está en el fraude, en la economía sumergida y en un sistema fiscal diseñado para recaudar en los tiempos de la burbuja inmobiliaria y que ahora, tras el ladrillazo, se ha vuelto ineficaz. El impuesto de transmisiones patrimoniales, por ejemplo, ha retrocedido a cifras de hace una década. En el año 2006, la Comunidad de Madrid ingresó por este impuesto 2.000 millones de euros: el año pasado fueron justo la mitad. La recaudación del IVA también se ha hundido por el parón inmobiliario mientras que los ayuntamientos ya no pueden financiarse por las recalificaciones de suelo. Todo el modelo fiscal hace aguas porque estaba diseñado para un patrón económico, el del ladrillo, que nunca más volverá.
Que el ajuste de las cuentas públicas venga de recortar el gasto público y subir los impuestos a los trabajadores en el IRPF es un doble tijeretazo para los españoles con menos recursos. Es una injusticia al cuadrado que las clases medias vamos a pagar por duplicado: con más impuestos y con menos prestaciones sociales
