MAP PARA QUE LAS ADMINISTRACIONES ABONEN LOS DÍAS
DEVENGADOS DE LA PAGA EXTRA
UGT, a través de nuestro Secretario General Cándido Méndez, instó a la Defensora del
Pueblo para que interpusiese recurso de inconstitucionalidad contra el RDL 20/2012 ya
que se vulneraban derechos relativos a la negociación colectiva y a libertad de
sindicación que afectan de manera directa a las condiciones de trabajo y a los derechos
de las empleadas y empleados públicos.
En la contestación efectuada a UGT, la Defensora del Pueblo adoptó la resolución de no
interponer el citado recurso de inconstitucionalidad contra los preceptos que
entendíamos no se ajustaban a la Constitución.
Pero del escrito presentado, surgen muchas dudas en relación a la supresión de la Paga
Extraordinaria de diciembre, especialmente respecto del derecho generado (devengo)
hasta la entrada en vigor del RDL (15 de julio) y del destino de las cantidades no abonadas
a aportaciones en los Planes de Pensiones en ejercicios futuros, cuando no todos los
empleados/as públicos tienen plan, además de no concretar cómo se destinarían.
Es por ello que la Defensora del Pueblo ha recomendado al Secretario de Estado del MAP
que interprete el abono de los días devengados hasta la entrada en vigor del RDL
20/2012 en relación a una sentencia del Tribunal Constitucional y otra del Tribunal
Supremo, además de concretar el destino de las cantidades derivadas de la supresión de
la paga extraordinaria, todo ello en el plazo de un mes.
Esta recomendación al MAP nos viene a dar la razón sobre la consolidación hasta el día 15
de julio de una parte de la paga extraordinaria (44 días que deberán de abonarse al
personal funcionario y variable al personal laboral en función del Convenio Colectivo) y
llama la atención al Gobierno sobre las carencias e indefiniciones legislativas del DL 20/2012.
Además obliga al MAP a aclarar cómo se debe aplicar la aportación a Planes de Pensiones
para los empleados que lo tienen y qué hacer con aquéllos que carecen de Plan, además
de forzar a aclarar la contradicción existente con una anterior recomendación del MAP
que instaba a las Administraciones a destinar esas cantidades para amortizar deuda una
vez liquidado el presupuesto, en el caso de que éste fuese deficitario.
UGT continua denunciando que los empleados/as públicos no tenemos por qué pagar el
despilfarro de los Gobiernos y el rescate a la banca y seguimos rechazando los recortes
de los servicios públicos.
Federación de Servicios Públicos del País Valenciano
www.fspugtpv.org
Pueblo para que interpusiese recurso de inconstitucionalidad contra el RDL 20/2012 ya
que se vulneraban derechos relativos a la negociación colectiva y a libertad de
sindicación que afectan de manera directa a las condiciones de trabajo y a los derechos
de las empleadas y empleados públicos.
En la contestación efectuada a UGT, la Defensora del Pueblo adoptó la resolución de no
interponer el citado recurso de inconstitucionalidad contra los preceptos que
entendíamos no se ajustaban a la Constitución.
Pero del escrito presentado, surgen muchas dudas en relación a la supresión de la Paga
Extraordinaria de diciembre, especialmente respecto del derecho generado (devengo)
hasta la entrada en vigor del RDL (15 de julio) y del destino de las cantidades no abonadas
a aportaciones en los Planes de Pensiones en ejercicios futuros, cuando no todos los
empleados/as públicos tienen plan, además de no concretar cómo se destinarían.
Es por ello que la Defensora del Pueblo ha recomendado al Secretario de Estado del MAP
que interprete el abono de los días devengados hasta la entrada en vigor del RDL
20/2012 en relación a una sentencia del Tribunal Constitucional y otra del Tribunal
Supremo, además de concretar el destino de las cantidades derivadas de la supresión de
la paga extraordinaria, todo ello en el plazo de un mes.
Esta recomendación al MAP nos viene a dar la razón sobre la consolidación hasta el día 15
de julio de una parte de la paga extraordinaria (44 días que deberán de abonarse al
personal funcionario y variable al personal laboral en función del Convenio Colectivo) y
llama la atención al Gobierno sobre las carencias e indefiniciones legislativas del DL 20/2012.
Además obliga al MAP a aclarar cómo se debe aplicar la aportación a Planes de Pensiones
para los empleados que lo tienen y qué hacer con aquéllos que carecen de Plan, además
de forzar a aclarar la contradicción existente con una anterior recomendación del MAP
que instaba a las Administraciones a destinar esas cantidades para amortizar deuda una
vez liquidado el presupuesto, en el caso de que éste fuese deficitario.
UGT continua denunciando que los empleados/as públicos no tenemos por qué pagar el
despilfarro de los Gobiernos y el rescate a la banca y seguimos rechazando los recortes
de los servicios públicos.
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