LA
CULTURA EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN Y SANIDAD PÚBLICAS
“Tenemos que
obligar a la realidad a que responda a nuestros sueños, hay que
seguir soñando hasta abolir la falsa frontera entre lo ilusorio y lo
tangible, hasta realizarnos y descubrirnos que el paraíso estaba
ahí, a la vuelta de todas las esquinas.” Julio Cortázar.
Como
profesionales del mundo de la cultura y como ciudadanos, quienes
abajo firmamos queremos expresar nuestra preocupación y más
decidido rechazo a los drásticos recortes que, con la excusa de la
crisis, está llevando a cabo el Gobierno de la Nación en la
educación y sanidad públicas. La primera, entendida en todos sus
niveles, incluyendo el universitario –y, dentro de este, la
investigación científica-, la cultura en sus más variados campos,
la sanidad en todos sus ámbitos; todo ello, aunque con sus
peculiaridades, no debe ser considerado como una acumulación de
realidades separadas: siempre han sido, y son, la garantía de una
sociedad plural, democrática, participativa y crítica, y por ende
libre e igualitaria. Una educación y sanidad públicas de calidad
constituyen una conquista irrenunciable de nuestra democracia, sin
las que difícilmente puede hablarse de justicia social y menos aún
de igualdad de oportunidades. Una educación de todos y para todos es
un pilar básico para el crecimiento personal de cada individuo así
como para el desarrollo de un país en su conjunto. Una sanidad de
calidad y universal es una garantía de respeto del derecho
inalienable que todo ciudadano tiene a una atención sanitaria digna.
Por todo ello, resulta especialmente preocupante el modelo que quiere
imponer el Gobierno, que tiende a crear guetos y a profundizar la
brecha de las desigualdades económicas y sociales.
Si
bien los recortes se han presentado a los españoles como una
consecuencia indeseable pero inevitable de la crisis económica, lo
cierto es que se enmarcan en la política de sustracción de recursos
a la escuela y sanidad públicas, que ya vienen llevando a cabo desde
hace años algunos gobiernos autonómicos en beneficio de la escuela
privada-concertada, y de aprobación de medidas fiscales injustas que
dañan la cohesión social, a favor de los centros educativos
privados no sostenidos con fondos públicos, por un lado, o tendentes
a lesionar la sanidad pública con la excusa de una pretendida, y en
realidad falsa, eficiencia, beneficiando con ello a grupos
empresariales sanitarios, por otro. El Gobierno de España ha
decidido ahora unir a los recortes que ya venían aplicándose, otros
aún mayores, materializándose en una reducción inversora de 10000
millones de euros -7000 en sanidad y 3000 en educación-. El
reajuste, concretado en la promulgación de los Reales Decretos-ley
14/2012 y 16/2012, correspondientes a la segunda y primera
respectivamente, además de en otras medidas paralelas, va a traer
consigo las siguientes consecuencias:
En
el ámbito educativo: masificación
en las aulas, debida a la subida de las ratios de nuestros alumnos en
primaria, secundaria obligatoria y bachillerato; sobrecarga
de horas lectivas para el profesorado; la no cobertura de las bajas
del mismo hasta pasados 10 días; una drástica y preocupante
reducción de personal docente interino como consecuencia de todo
ello aun mayor que la habida hasta ahora, viéndose perjudicadas
seriamente asimismo las condiciones de trabajo tanto de este último
como del ya funcionario fijo, deteriorándose por estos motivos de
forma evidente y escandalosa la calidad del servicio; aplicación de
grandes
recortes en los ciclos formativos medios y superiores, en la
educación
infantil de 0 a 3 años y en
la concesión de becas; endurecimiento de los requisitos para lograr
ayudas al estudio;
congelación
de la oferta de empleo público; fuerte subida de las tasas
universitarias, encontrándose estas ya por encima de la media
europea, dificultando gravemente el acceso a estudios superiores de
los alumnos procedentes de las clases trabajadoras y medias, además
del parón en el desarrollo de programas de investigación afectando
gravemente a diferentes proyectos. Destacamos también el ataque que
supone al ejercicio responsable de la autonomía universitaria el
apartado 3 del artículo 6 del citado Real Decreto y la posibilidad
que abre el mismo para
la privatización de servicios docentes de las universidades públicas
(como manifiesta el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense
de Madrid). En definitiva, se ve afectada muy negativamente por estas
y otras medidas la comunidad educativa en su conjunto en todos los
niveles (alumnos, docentes, madres y padres, investigadores, etc.), y
por ende la sociedad en general, y traerán consigo un retroceso
histórico brutal de más de 30 años.
En
el ámbito sanitario, siendo la sanidad pública española uno de los
servicios públicos mejor valorados por la ciudadanía y de mayor
nivel de eficiencia a nivel mundial: incremento
de los conciertos privados y de la colaboración público-privada, al
tiempo que se seguirán cerrando centros y servicios públicos
(ambulatorios, plantas, servicios de urgencia nocturnos, camas
hospitalarias, equipos diagnósticos y quirófanos, especialmente en
horario de tarde) y aumentando la privatización de hospitales
inicialmente públicos
y de
servicios (opción que se presenta, erróneamente, como una solución
a los problemas derivados de la gestión directa); supresión de
transporte intrahospitalario; amortización de plazas de
profesionales sanitarios; reducción drástica de personal interino;
condena a los inmigrantes no regularizados que viven en España a no
acceder a la tarjeta sanitaria, incumpliendo con ello el mandato
constitucional de que los poderes públicos garanticen y tutelen la
salud pública para toda la población, pudiendo afectar
negativamente tal medida a dicha salud pública, incrementando además
paradójica y absurdamente los gastos sanitarios; una nueva
definición de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional
de Salud, pudiendo incorporar un repago según el tramo mediante el
aseguramiento privado o el pago efectivo en el momento de la
prestación, lo cual puede conducir a un sistema dual y la ruptura
del principio de solidaridad; significativa reducción de medios para
la atención a enfermos de VIH; planteamiento por parte del Gobierno
de fórmulas de copagos y repagos que recaen en los colectivos más
débiles (los más enfermos y los pensionistas con menos ingresos);
entre otros tantos efectos dependientes directamente del citado
decreto o de medidas paralelas a este, siendo uno de los más graves
el aumento de los riesgos para la salud individual y colectiva,
incrementando consecuentemente los gastos de hospitalización.
Hacemos también mención del deterioro, si no supresión, del apoyo
a la atención a personas dependientes.
La
educación, y la pública en especial, es, sobre todo en época de
crisis, una oportunidad vital de futuro y una garantía de cohesión
social y de salud democrática. Y junto con la sanidad pública
constituye, en definitiva, una de las bases fundamentales del estado
social, democrático y de derecho, y si las lesionamos o
desmantelamos, estamos minando la democracia misma y vulnerando
gravemente el derecho que todo ciudadano tiene a recibir una
EDUCACIÓN y ATENCIÓN SANITARIA DIGNAS y DE CALIDAD. Por otro lado,
si además no potenciamos la INVESTIGACIÓN, el DESARROLLO y la
INNOVACIÓN lo suficientemente y de forma decidida, estamos lanzando
el futuro de nuestro país a la basura, precipitándonos, como en
tiempos pretéritos lejanos y no tan lejanos, en la mayor de las
oscuridades.
Tenemos
el convencimiento, además, de que la única forma de salir de esta
crisis, claramente sistémica, es sobre la base de un modelo
sustentado en la VERTEBRACIÓN SOCIAL en el marco de un ESTADO
DEMOCRÁTICO, y consideramos que las medidas que denunciamos en este
manifiesto van en la dirección contraria, más aún: pretenden
profundizar en otro modelo, ya en decadencia e ineficiente, como la
realidad nos demuestra cada vez con más fuerza y evidencia, cuyos
presupuestos ideológicos y prácticas, a nuestro juicio, nos han
llevado a la situación actual. Ahí está la verdadera génesis de
aquella.
La
defensa de la sociedad civil y de la democracia implica la de los
derechos sociales y ciudadanos, y si hay políticas que los atacan se
hace imprescindible, más aún, vital, luchar contra ellas.
Por
todo ello, mostramos nuestro mayor rotundo rechazo a los brutales
recortes que nuestro Gobierno pretende aplicar en la EDUCACIÓN y
SANIDAD PÚBLICAS y nuestro decidido apoyo a las movilizaciones de la
ciudadanía en contra de los mismos.
¡Por una EDUCACIÓN y SANIDAD PÚBLICAS DE CALIDAD y de VERDADERA EXCELENCIA DE TODOS y PARA TODOS!
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